Falta de comida podría desencadenar un estallido social en Venezuela

Venezuela pasa por la peor crisis de su historia. Las ineficientes movidas de un gobierno improvisado han exacerbado la situación del venezolano a límites nocivos para el propio Ejecutivo Nacional, quien empieza a recoger lo cosechado tras sus desastrosas políticas de gobierno.

En el primer semestre de 2015 Venezuela vivió un incremento de 83% en las manifestaciones de calle llevadas a cabo por habitantes que reclamaban principalmente el derecho a los servicios de calidad; como agua, aseo, gas y entre otras problemáticas que forman parte de la calidad, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.

Para ese momento la escasez y el desabastecimiento estaban presentes en los anaqueles de los supermercados y farmacias, mientras que empresarios, productores agropecuarios, gremios médicos y economistas advertían que si no se toman las medidas acertadas para la fecha, las consecuencias serían más graves de lo imaginado en los siguientes años.

Algunas modificaciones llegaron con el Año Nuevo: incremento al precio de la gasolina, aumento del salario mínimo y bono de alimentación, reformas en el sistema cambiario, pero siguieron siendo insuficientes ante el deterioro de la capacidad productiva, agudizado con el desplome de los precios del petróleo que lleva a la situación económica del país a no ser sustentable a corto plazo; advertido por el Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional.

Han transcurrido cuatro meses del 2016 y las condiciones se han agravado. En los hogares la crisis se incrementa porque cada vez son menos los alimentos que llegan a la mesa o son adquiridos por un valor más alto que el día de salario. Las colas desbordan las cuadras de las ciudades y el desespero llega cuando no se consigue el medicamento para evitar las convulsiones, mantener la vida de un paciente con cáncer o garantizar el crecimiento adecuado de un bebé.

Rafael Uzcátegui, coordinador General de Provea, manifiesta que el hecho de que se haya excluido Caracas del racionamiento eléctrico, para el defensor de los derechos humanos, se trata de una discriminación inaceptable hacia las regiones, llevando a una mayor calamidad a sus habitantes, que sienten frustración y buscaran los mecanismos para tener una solución a sus problemas, que podría ser el referendo revocatorio o cualquier otra salida constitucional.

“Se están realizando muchas protestas aisladas que podrían articularse y desembocar en una gran exigencia de derecho”.

En la primera semana del plan de racionamiento anunciado por el Ministerio de Energía Eléctrica se registraron diversas acciones de calle; en Anzoátegui los manifestantes protestaron y el resultado fue 13 personas detenidas, en Maturín saquearon un camión de alimentos, en el estado Zulia más de 120 personas fueron detenidas por vandalismo, saqueos a seis establecimientos de comida, a un camión de medicamentos. En Lara, Carabobo, Mérida, Táchira y Trujillo los ciudadanos también salieron a las calles.

En las redes sociales se mostraron vídeos e imágenes cuando un grupo de personas desesperadas sacaban azúcar de un camión.

Los linchamientos a delincuentes que se han registrado en diversas comunidades es otra muestra de que las personas no tienen confianza en los cuerpos policiales o judiciales y prefieren tomar la justicia por sus manos.

¿Se probó la paciencia del venezolano o fue sumisión?

“No se trata de un mal manejo de políticas públicas, sino también un grave problema de opacidad, de transparencia; entonces los ciudadanos comienzan a preguntarse dónde están los recursos que eran para inversión, para las plantas termoeléctricas para contrarrestar el déficit de El Guri”.

Durante muchos años el Ejecutivo tuvo el respaldo de los altos precios del petróleo permitiendo que las deficiencias se disimularan y postergaran. Se creaba la percepción de que se estaban cumpliendo las metas. Sin embargo, se ha visto la fractura en la credibilidad y confianza que le dieron los ciudadanos durante muchos años al Gobierno y que este no honró; no sólo con bienes y servicios, sino con la probidad de los recursos manejados.

No están preparados.

Con los disturbios desarrollados durante la semana en el estado Zulia, fueron desplegados más de mil efectivos militares para controlar lo saqueos y manifestaciones, que aclararon las autoridades no se estaba militarizando la entidad, ni se trataba de un toque de queda; eran las acciones para restablecer el control.

Ante la posibilidad de una explosión social por la falta de productos de primera necesidad, los cuerpos de seguridad no estarían preparados para atender el conflicto, al menos así lo considera Uzcátegui, no sólo se refiere a la capacidad de respuesta, sino de adiestramiento.

Recordó que con el Caracazo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigió al Estado adoptar todas las providencias necesarias para evitar que vuelvan a repetirse las circunstancias y los hechos de 1989. Que se ejecutaran las medidas necesarias para formar y capacitar a todos los miembros de sus cuerpos armados y de sus organismos de seguridad; sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos, los límites a los que deben estar sometidos, aun bajo los estados de excepción y el uso de las armas por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Con información de El Impulso