¡TODO FUE UNA FARSA! Solo siete de los 134 detenidos en la Cota 905 siguen presos

A dos semanas de la toma en la Cota 905 solo 5% de los detenidos permanecen en prisión por estar presuntamente vinculados con actividades delictivas. Las últimas 21 personas que quedaban en los calabozos de los cuerpos de seguridad fueron liberadas este fin de semana, sin cargos, y 13 ciudadanos colombianos han sido deportados

Adriana Nuñez Moros / RunRunes

El balance
– 134 detenidos el 13 de julio de 2015

– 200 funcionarios de la GNB, el Cicpc y la PNB movilizado

– 41 personas detenidas al 18 de julio de 2015

– 7 personas acusadas ante el Ministerio Público

– 13 ciudadanos colombianos deportados

– 21 personas liberadas

– Ninguno tenía antecedentes, ni solicitudes. Salieron sin cargos en su contra

Solo siete personas quedaron detenidas dos semanas después de que el Gobierno efectuara en el sector Las Quintas, de la Cota 905, la Operación Liberación del Pueblo para neutralizar a las bandas delictivas que operaban en el sector. Según un conteo de Runrunes para el sábado 18 de junio de 2015, 41 personas se encontraban en calidad de “resguardo” en tres centros de reclusión de Caracas. Durante la tarde del sábado 25 de julio de 2015 se hizo efectiva la liberación de 21 de éstas y la deportación de 13 ciudadanos de nacionalidad colombiana, sin acusaciones, ni medidas legales en su contra.

Las siete personas detenidas representan solo 5% del total de 134 aprehendidos el pasado 13 de julio y están siendo señaladas por los delitos de robo de vehículos y extorsión. Esperan en la Dirección de Vehículos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) a que se les asigne un defensor público.

El 13 de julio de 2015, cuando se desplegó la llamada “Operación Liberación del Pueblo”, en la Cota 905, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López, indicó que 134 personas habían sido aprehendidas, gracias a la acción de más de 200 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

La misma noche del 13 de julio, muchos de los detenidos fueron liberados por no contar con antecedentes, ni solicitudes. El 15 de julio de 2015 el Ministerio Público informó que 19 de los detenidos serían presentados ante los tribunales de control del Área Metropolitana de Caracas; en adelante, no hubo más información oficial sobre ellos.

Los detenidos

Yovannis y Luis Carlos Villadiego Monterosa, Geny Moya, Jesús Morillo, Alfredo Medina, Luis Paternina y un menor de edad son las únicas personas que continúan detenidas tras la operación militar-policial en el sector de Caracas. Sonia Monterrosa, madre de los hermanos Villadiego Monterosa, defiende la inocencia de sus hijos. “Ellos (los policías) encontraron las herramientas de trabajar de mis hijos y los sacaron de la casa. Los mandaron a bajar las herramientas y les tomaron fotos, para poder acusarlos”, reclamó el sábado 18 de julio de 2015.

Según Monterosa, no tienen antecedentes penales. Uno trabaja en el Metro de Caracas y el otro es pintor y latonero. Los hermanos y los otros cinco venezolanos son señalados de cometer los delitos de robo de carros y extorsión. El miércoles 15 de julio de 2015 fueron presentados ante el Ministerio Público.

Los liberados

Durante la tarde del sábado 25 de julio de 2015, 12 venezolanos y 9 colombianos fueron trasladados a la sede principal del Saime, desde la zona 7 de la PNB, para ser identificados y posteriormente liberados. Quienes se encontraban indocumentados salieron con una boleta de citación para normalizar su estatus legal, el resto solo con 12 días de prisión a cuestas.

Uno de los liberados, que pidió que su identidad fuese resguardada, atravesó la puerta del Saime corriendo, hasta abrazar a su mamá y a su novia. Asegura haber sido maltratado desde el primer día de detención. “En el comando de la GNB, en El Paraíso nos trataron malísimo. Nos pegaron. Uno les pedía permiso para ir al baño y te decían un poco de groserías”, dijo.

En la sede de la PNB en El Llanito el panorama no mejoró para los detenidos. “Allá nos pegaron con bates, me pegaron con una pistola en la cabeza, ya eso sanó. Pasamos cuatro días sin comer, sin bañarnos. En la madrugada nos tiraron gas pimienta”, detalló.

Otro de los liberados, asegura que le “dieron un batazo y un cascazo”, mientras se encontraba “resguardado” por la PNB. “Nos llamaban paramilitares y malandros. Nos decían que éramos mata policías y mata guardias. Yo no soy paramilitar, soy venezolano”, se defiende.

Los 25 detenidos en esta sede de la PNB, a raíz de la OLP en la Cota 905 fueron recluidos en una misma celda. “No nos dejaron hacer llamadas, ni recibimos la luz del sol. Dormíamos todos en una misma celda, como de 3 por 4 metros. Dormíamos ahí tirados en el suelo”, reclama otro liberado, colombiano nacionalizado en Venezuela desde 1990. Según el relato de los detenidos, representantes de la Defensoría del Pueblo los visitaron el viernes 17 y el domingo 19 de julio de 2015. Fuentes de la PNB, que pidieron no ser reveladas, aseguran que un representantes del Ministerio Público hacían visitas diarias a los detenidos.

El funcionario policial se muestra escéptico ante las denuncias de maltrato. “No creo que habiendo tanta gente interesada en esos chamos todos los días, algún compañero se haya puesto a inventar, no creo. Sí hay chamos (funcionarios) que son indisciplinados, pero de ahí a meterse en una celda y torturar a los detenidos no. Eso no se hace ni con los presos comunes”, apunta.

Los liberados coinciden en que “el deber era soltarlos ese mismo día, porque ninguno tenía antecedentes por homicidio, ni nada”. “No hay derechos humanos en este país”. “Todo lo que es la policía tratan mal a las personas, eso no sirve”, aseguran.

Los deportados

Entre el lunes 20 y el domingo 26 de julio de 2015, los nueve ciudadanos colombianos ―dos menores de edad, la mujer Xenir Rojas y seis hombres cuyas identidades no fueron reveladas por las autoridades― que permanecían en calidad de “resguardo” en la sede del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), en el centro de Caracas, fueron deportados a su país de origen. Cuatro de los 25 recluidos en la zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en la urbanización El Llanito, esperan por ser deportados.

Fabián Porras, colombiano, vivía en el sector La Esperanza, en la parte alta de la Cota 905, junto a su esposa y los cinco hijos de ambos ―dos de ellos con parálisis cerebral―, hasta que en la madrugada del 13 de junio de 2015 unos funcionarios del Sebin lo sacaron de su casa en shorts y cholas. “Si lo deportan a él, que me deporten a mi también. ¿Cómo voy a mantener a mis cinco hijos?”, declaró Berta Cervantes, su esposa, a cinco días de la detención. A trece días, espera por ser deportado a su país de origen.

Alberto Rojas Padilla es el esposo de Xenir Rojas y el padre de Oliver Alberto Rojas Rojas y un menor de edad. Los tres últimos, colombianos, fueron detenidos en el operativo hecho en la Cota 905 y, según fuentes anónimas del Saime, ya fueron deportados al país vecino. “A mi no me llevaron porque me devolví a buscar a la niña, que tiene cinco añitos. Yo tengo mis pasaportes y mis papeles”, explicó Rojas Padilla.

pasaportes

Los ciudadanos colombianos Jorge Cassiani, Algiro Cervantes y un menor de edad también esperan ser deportados. Las autoridades del Saime se negaron a revelar las identidades de seis colombianos que ya fueron expulsados del país.

Según los testimonios de los cuatro liberados y un funcionario de la PNB, los 13 ciudadanos fueron deportados “porque no tenían los documentos en regla”; es decir, su situación inmigratoria en el país no estaba resuelta. Según el artículo 35 de la Ley de Extranjería y Migración vigente en Venezuela, las autoridades cuentan con un lapso de 3 días para hacer las averiguaciones pertinentes sobre el estatus legal de los extranjeros.

El artículo 38 establece que, en efecto, permanecer en el país sin la debida identificación es una causal de deportación. La expulsión, término detallado en el artículo 39, está reservada para extranjeros que incurran en delitos en el territorio nacional. La necesidad de tener a una persona en “resguardo” no se encuentra contemplada en la legislación en la materia.